“¿Necesita una persona que tiene un nivel de ingreso que lo sitúa dentro del 1% más rico del país, tener acceso a un subsidio del Estado para comprar una vivienda y obtener las ventajas tributarias del DFL2?”, se pregunta el autor de esta columna. Su respuesta es taxativa: “De ninguna manera”. El especialista en desarrollo urbano, Pablo Trivelli, explica que el beneficio del DFL2 –que exime del pago de contribuciones– está favoreciendo a propietarios que no requieren ayuda del Estado para adquirir y mantener sus viviendas. Para reenfocarlo en las familias más vulnerables, plantea que la exención no debe asociarse a la superficie construida, como se hace hoy, sino al valor de la vivienda. También propone derogar el tope de 10% en el incremento de las contribuciones cuando el SII hace un reavalúo: “Muchas viviendas cuyo valor ha aumentado no están afectas al pago de contribuciones y, por lo tanto, no contribuyen al financiamiento de las ciudades”, dice.

La reforma tributaria podría abordar dos temas centrales para el financiamiento de las ciudades que afectan la equidad tributaria y la captación de recursos para las municipalidades. Estos son, primero, la reducción de los beneficios tributarios en el pago de las Contribuciones de Bienes Raíces; y segundo, la derogación de la norma que limita hasta un 10% el aumento de la recaudación de la Contribución de Bienes Raíces cada vez que se hace un reavalúo.

CAMBIO A LAS EXENCIONES DEL DFL2

Las exenciones que otorga el DFL2 de 1960 en el pago de las Contribuciones de Bienes Raíces se establecen, en lo fundamental, según la superficie de las viviendas. Efectivamente, las viviendas acogidas están exentas del 50% de las contribuciones, con un límite de dos viviendas por persona natural. Según la superficie construida, la exención se extiende por 20 años (para aquellas de hasta 70 m2), por 15 años (entre 70 y 100 m2) y por 10 años (entre 100 y 140 m2). Esto fue concebido en su época como un incentivo a la edificación de “viviendas económicas”.

El criterio de exención en función de la superficie no permite focalizar los beneficios de esta política pública en quienes realmente lo necesitan. En la actualidad se exime parcialmente del pago de Contribuciones de Bienes Raíces a algunas propiedades que pueden llegar hasta muy altos valores de mercado y por lo tanto se beneficia a sus propietarios, es decir, a personas que no necesitan ningún subsidio del Estado para adquirir una vivienda.

Así, por ejemplo, hay viviendas que tienen una superficie inferior a 140 m² y que pueden alcanzar valores de mercado de más de 16.000 UF (más de $441 millones). Cualquier banco exigiría un ingreso de más de $10 millones a una persona que se endeuda para comprar una vivienda de este valor.

¿Necesita una persona que tiene un nivel de ingreso que lo sitúa dentro del 1% más rico del país, tener acceso a un subsidio del Estado para comprar una vivienda y obtener las ventajas tributarias del DFL2?

De ninguna manera.

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